Software Público Uruguayo

El concepto de Software Público, acuñado inicialmente por Brasil, y apoyado por varios países de la región y parte de la iniciativa "Software Público Internacional", es aún un tema en debate y con definiciones en estado de evolución. Al tratar de dar forma a nuestra propia definición de "Software Público", encontramos ventajas en tener una versión nacional, propia. Es así que Brasil tiene su definición de "Software Público Brasileño" y en general cada país esta siguiendo esta tendencia en busca de una definición propia, que se adecúe a su realidad. Uno de los argumentos para tener una definición propia tiene que ver con uno de los principios del Software Público, el de la soberanía nacional. Si nos basamos en una definición foránea y esta cambiara, estaríamos comprometiendo nuestra soberanía al dejar que otros controlen estas definiciones y sus efectos políticos y prácticos dentro de nuestras fronteras. Por lo tanto, desde nuestra experiencia, investigación y reflexión sobre este tema, y convencidos de que se adecúa a nuestra realidad, nos animamos a dar lo que creemos debería ser la definición de "Software Público Uruguayo" (SPU).

Por una cuestión histórica y de lecciones aprendidas, encontramos razonable basar nuestra definición en la que fuera forjada por Brasil, ya que la misma data de más de 10 años y con un portafolio de más de 60 aplicaciones de mediano y gran porte, que cumplen con esa definición, y son actualmente respaldadas e impulsadas por el gobierno del Brasil desde su portal de Software Público Brasileño.

Comencemos por analizar la expresión "Software Público Uruguayo" donde la palabra "software" refiere a un conjunto de instrucciones que instruye a un computador a realizar ciertas tareas. Bajo este concepto elemental agrupamos a todos los sistemas de información que conocemos, desde programas de escritorio como una planilla de cálculo hasta los mas complejos, como un sistema de recursos humanos, de misión crítica o financiero, etc..

El término "público" lo interpretamos con el sentido de "bien público" o aquello que le pertenece a todos. Aunque en este contexto se refiere más bien al software que se utiliza en el Estado y que por lo tanto, ente público, le pertenece a la sociedad.

Entonces ¿software público sería aquel software adquirido o desarrollado por el Estado? La respuesta es NO y se debe a un tema de licenciamiento. Si hablamos de poder compartir un determinado software en la sociedad y el Estado en particular, la licencia del software en cuestión debe permitir ese tipo de uso. Además, cuando hablamos de compartir software no solo nos referimos al código binario, es decir a la libertad de ejecutar el programa, también nos referimos a la libertad de adaptarlo a nuestras necesidades y a la libertad de poder aprender de él, y para esto necesitamos por un lado el código fuente y por otro un tipo de licenciamiento que nos otorgue estas libertades.

Hemos definido software como: un conjunto de instrucciones que instruyen a un computador a realizar ciertas tareas. Entonces, ¿qué obtenemos cuando compramos una solución de software que solo incluye el código binario? En realidad estamos comprando un servicio, es decir estamos adquiriendo el derecho de uso de ese software por un cierto tiempo y bajo ciertas condiciones impuestas por el dador del mismo. Aquí aparece la falsa imagen que durante años ha vestido al mundo del software empresarial y es el hecho de creer que estamos comprando un producto cuando en realidad estamos rentando un servicio.

Como el lector podrá apreciar, hoy en día la inmensa mayoría del software adquirido y/o desarrollado por el Estado sigue un modelo de licenciamiento que no otorga estas libertades, por lo tanto no puede ser considerado software público.

Hasta aquí hemos establecido dos principios elementales que un software debe seguir para ser considerado "Software Público Uruguayo": ser adquirido y/o desarrollado por el Estado y tener un tipo de licenciamiento libre, es decir que le asegure al usuario las cuatro libertades esenciales del software libre según la definición de la Free Software Fundation.

¿Con estos principios podríamos decir que cualquier software libre que utilice el Estado es SPU? Nuevamente la respuesta es NO, y esto porque SPU es software libre utilizado por el Estado al que se le requieren otras condiciones. Estas otras condiciones abarcan dos conceptos que dan sentido a la tercera palabra "Uruguayo" y son la existencia de una "Comunidad Virtual Nacional" y una "Licencia Libre de Marca". Estos conceptos provienen de sus homólogos brasileños y creemos que hacen a la diferencia sustancial en la definición sobre qué es software público.

Licencia Libre de Marca” refiere a las libertades que el autor otorga a la marca que se vincula con el software. En este sentido una licencia libre de marca establece que el autor debe ceder los derechos de toda marca, nombre, logotipo o isotipo que se relacione con el software libre que se pretende sea catalogado como software público. Esto evita que el autor del software pueda restringir las libertades de los usuarios del software de forma indirecta, por ejemplo cuando la confianza de un producto se ve fuertemente relacionada a una marca, esto pude confundir a los usuarios si hoy o mañana dicha marca pasa a utilizarse para un producto privativo o por ejemplo enfrentar alguna demanda reclamando el pago de regalías por utilizar una marca o logotipo en determinado contexto de uso de una aplicación.

Comunidad Virtual Nacional” refiere a la existencia de una comunidad activa de personas que pertenezcan a nuestro país, el objetivo existencial de esa comunidad sea el desarrollo y evolución de dicho software. Los actores de esta comunidad podrían ser agentes del gobierno, empresas, asociaciones civiles o individuos, pero debe existir por lo menos un referente o líder que oficie de facilitador en la gestión de la comunidad, es decir deben haber personas reales que muestren de algún modo una comunidad activa.

Para concluir, proponemos nuestra definición: Software Público Uruguayo es aquel software utilizado por el Estado cuyo licenciamiento cumpla con las cuatro libertades del software libre según la Free Software Fundation, que posea una licencia libre de marca y exista una comunidad virtual nacional activa cuyo objetivo de comunidad sea asegurar el desarrollo y evolución de dicho software mientras su existencia sea útil a los fines de la sociedad.